ACCESO A LA JUSTICIA
La destrucción del voto y la total subordinación de los poderes Electoral, Judicial y Ciudadano al Ejecutivo han sido esenciales para la construcción del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Es por ello que Acceso a la Justicia añadió siete nuevos capítulos al especial El camino a la dictadura, cuyo lanzamiento fue hace una semana, relacionados con ambas temáticas. Por un lado, el golpe electoral, con la finalidad de que el lector comprenda cómo el poder político fue erosionando el derecho al sufragio, a la participación política y a la libre asociación, entre otros, para procurarse un sistema comicial a la medida y sin adversarios de peso para competir en elecciones. Por el otro, cómo el Gobierno, vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desconoció la voluntad popular de quienes eligieron a alcaldes de oposición sólo por respetar el derecho a la protesta y las competencias del Parlamento para designar y destituir a magistrados del máximo tribunal y a la Fiscal, en aras de mantener y profundizar el control de ambas instituciones.
Las arbitrariedades llegaron al extremo de una férrea persecución judicial que llevó a jefes locales como Ramón Muchacho de Chacao, David Smolansky de El Hatillo o Gustavo Marcano de Lechería, estado Anzoátegui; a la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz; a los diputados Freddy Guevara y Germán Ferrer, y a los magistrados designados en 2017 por la legítima Asamblea Nacional, a irse del país y solicitar protección internacional.
Ingresa a nuestra web y dale clic en nuestro home al especial El camino a la dictadura. También nos puedes hacer llegar tus comentarios a través de nuestras redes sociales: Twitter (@AccesoaJusticia), Facebook (Acceso a la Justicia) e Instagram (@accesoalajusticia).
Enlace a la nota: https://goo.gl/D4q1xM
Es por ello que Acceso a la Justicia añadió siete nuevos capítulos al especial El camino a la dictadura, cuyo lanzamiento fue hace una semana, relacionados con ambas temáticas. Por un lado, el golpe electoral, con la finalidad de que el lector comprenda cómo el poder político fue erosionando el derecho al sufragio, a la participación política y a la libre asociación, entre otros, para procurarse un sistema comicial a la medida y sin adversarios de peso para competir en elecciones. Por el otro, cómo el Gobierno, vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desconoció la voluntad popular de quienes eligieron a alcaldes de oposición sólo por respetar el derecho a la protesta y las competencias del Parlamento para designar y destituir a magistrados del máximo tribunal y a la Fiscal, en aras de mantener y profundizar el control de ambas instituciones.
Las arbitrariedades llegaron al extremo de una férrea persecución judicial que llevó a jefes locales como Ramón Muchacho de Chacao, David Smolansky de El Hatillo o Gustavo Marcano de Lechería, estado Anzoátegui; a la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz; a los diputados Freddy Guevara y Germán Ferrer, y a los magistrados designados en 2017 por la legítima Asamblea Nacional, a irse del país y solicitar protección internacional.
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