Comunicado de 18 organizaciones de la sociedad civil ante nuevo aumento de sueldo anunciado el 27 de octubre





Las Organizaciones que suscriben el presente comunicado, con ocasión de la decisión del ejecutivo nacional de decretar un nuevo aumento salarial, que entrara en vigencia el próximo martes 1ro de noviembre de 2016, siendo este el cuarto aumento en lo que va de año, como consecuencia de altos índices inflacionarios, es por ello que expresamos las siguientes preocupaciones:

1.    En primer lugar, se observa un incremento porcentual  desde el aumento salarial del 1ro de noviembre 2015 al 27 de octubre de 2016, que paso de 6.750,00 Bs a 63.720,00 Bs, para un total de un 944 % del bono alimenticio, mejor conocido como cesta tickets, con respecto al salario mínimo, que paso de 9.648,00 Bs a 27.092,10 Bs, para un total de un 281 %.  Lo cual significa que se promueve que el trabajador realice su jornada laboral por su alimento y no por el salario, aunado al hecho que el grueso del aumento no repercute en sus utilidades y prestaciones sociales los cuales son el garante de su futuro y el de sus familias. 

2.    En Julio de 2015 la composición del salario integral era de la siguiente manera: salario 75% y bono de alimentación 25% hoy después de 6 aumentos decretados por el Ejecutivo Nacional esta proporción se invirtió siendo salario 30% y bono de alimentación 70%, razón por la cual denunciamos la bonificación del salario de los trabajadores, lo cual nos lleva de vuelta a los años 90 cuando sectores sindicales tras arduas luchas lograron revertir tan insana y esclavista practica laboral.

3.    La bonificación del salario se traduce en una pérdida de la libertad de los trabajadores de disponer libremente de su paga, además de que los expone a recientes prácticas en las que son víctimas de usureros que cobran hasta 25% de comisión de su beneficio de alimentación a cambio de dinero en efectivo.

4.    Este aumento salarial, impacta negativamente en las personas de la tercera edad, llámese jubilados o pensionados, ya que ellos no gozan del bono alimenticio y los aumentos de salario mínimo son insuficientes con respecto a la inflación, que según comunicados del Fondo Monetario Internacional cerrara este año por encima de un 700%.

5.    Queremos denunciar que el aumento para los pensionados o jubilados fue de solo 19%, ya que ellos solo perciben salario, razón por la cual pasaran desde el 1ero de Noviembre a cobrar 27.091 Bs lo cual representa un incremento de tan solo 4.515 Bs cifra que dista mucho del 40% anunciado por el Presidente Nicolás Maduro en cadena presidencial

6.    Consideramos una afrenta a los pensionados y jubilados que el Presidente Nicolás Maduro haya dicho nuevamente 32 meses después, que someterá a estudio el otorgamiento de un bono de alimentación y salud a pensionados, cuando ya en Febrero de 2014 en cadena presidencial dijo exactamente lo mismo.

7.    Consideramos que el otorgamiento del tercer mes de aguinaldo para los pensionados no es una concesión graciosa del Estado sino la reivindicación de un derecho que debió honrarse desde el mismo año en que se alcanzó la homologación de la pensión al salario mínimo.

8.    Este aumento aunado a la merma en la capacidad operativa de las pequeñas y medianas empresas, puede ocasionar un posible cierre técnico, ya que no aumentan la producción o ventas y si los gastos operativos.

9.    Consideramos que los aumentos que no están basados en el incremento de la productividad de los distintos sectores del país, no se traducen en mejoras para la clase trabajadora puesto que dichos aumentos se ven reflejados inmediatamente en la escalada de la inflación, haciendo de un beneficio un gran problema. 

Finalmente, consideramos que:

·         El gobierno nacional antes de hacer ajustes salariales, debe realizar mesas de conversaciones plurales con sectores sindicales y empresariales del país, ello con miras a tratar de buscar puntos de encuentro y consenso en los que ninguna de las partes resulte afectada. 

·         Cese por parte del gobierno nacional de las prácticas persecutorias y confiscadoras de la iniciativa privada, toda vez que ello se traduce en inseguridad jurídica y cierre de fuentes de empleo y tributos para el país.

·         Evaluar la necesidad de constituir la consulta tripartita obligatoria según nomas de la OIT y sugeridas por el MERCOSUR. 

·         Exigir que en los sucesivos aumentos se revierta la creciente bonificación del salario a una relación 70% salario 30% bono de alimentación.

·         El gobierno debe URGENTEMENTE honrar el compromiso con los pensionados y jubilados de cancelar el bono de alimentación y salud, propuesta que cuenta con el aval de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia.

·         Hasta tanto el gobierno nacional no honre el compromiso  de cancelar el bono de alimentación y salud es necesario que el aumento a los pensionados sea en base a lo que perciben, pues hoy para ellos el aumento realmente no fue de 40% sino de 19%.


En Barquisimeto 27 de octubre de 2016, así lo suscriben las siguientes organizaciones:


Asociación de Madres y Padres por los Niños y Niñas de Venezuela
Asociación Civil CONVITE
Aula Abierta Venezuela
Acceso a la Justicia
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida CODEVIDA
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu)
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia
EXCUBITUS DDHH
Federación Venezolana de Abogados del Estado Apure (CDDHHFVCA EDO APURE)
 Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Padres Organizados de Venezuela
Sociedad Hominis Iura ( SOHI)
Un Mundo Sin Mordaza
Una Ventana de Libertad
Stop VIH y 
Movimiento Vinotinto

Pronunciamiento del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres



El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres ha venido denunciando continuamente, desde hace ya varios años, los excesos que diferentes órganos del Poder Público, especialmente los cuerpos policiales, han cometido para reprimir el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos a opinar y a manifestar pacíficamente.
Asimismo, hemos estado exhortando y requiriendo de los funcionarios de mayor nivel del Estado para que tomaran las medidas necesarias que impidieran estos excesos en el futuro.
No obstante, desde el Observatorio vemos con gran preocupación que, por el contrario, la violación de los derechos humanos en nuestro país, traducida en violencia institucional, psicológica, física y encarcelamientos tanto a los ciudadanos que protestan en forma pacífica como a los dirigentes de los partidos de oposición, va en aumento.
Las agresiones a la entrada de la Asamblea Nacional contra la defensora de los derechos humanos, diputada Delsa Solórzano, por simpatizantes oficialistas, tolerada por los guardias nacionales que se supone deben proteger a los parlamentarios representantes del pueblo, así como los brutales golpes que varios agentes de la policía del Estado Aragua propinaron a Laura Lara, una sencilla mujer, sin ningún tipo de justificación, son sólo dos ejemplos de cómo se ha venido erosionando el Estado de Derecho en Venezuela.
Es obligación ineludible de este Observatorio solidarizarse con ambas mujeres, que representan valientemente a todos los estratos sociales y niveles de participación ciudadana. Igualmente, exigir a la Fiscalía y al gobierno, investigar y sancionar a los culpables. No sólo repudiamos dichas agresiones y ofrecemos nuestro apoyo y ánimo a Delsa Solórzano y Laura Lara, sino que denunciamos, una vez más, la violación constante a los derechos humanos de hombres y mujeres venezolanos que han decidido protestar pacíficamente dentro de los límites que les permite tanto la Constitución como los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el Estado venezolano y de obligatorio cumplimiento.
Pareciera inoficioso repetir aquí toda la lista de incidentes que el Observatorio ha denunciado anteriormente, así como las razones de hecho y derecho que nos han llevado a exigir al Poder Público que cese en la violación constante de los derechos humanos a las mujeres, a la juventud estudiantil y en contra de cualquier persona que disienta del gobierno o que ejerza su derecho a la protesta pacífica.
Ante la falta de receptividad por parte de los funcionarios en cuyo poder está el que tales situaciones dejen de repetirse, no queda más camino que insistir, recordando que la violación de los Derechos Humanos Fundamentales constituye un crimen contra la humanidad, y que existen instancias internacionales con capacidad para sancionar y castigar tales violaciones.
En Caracas, a los 31 días del mes de octubre de 2016 
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres