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Producción diaria de PDVSA descendió 20% en los últimos 17 años
COMUNICADO - Ante el uso excesivo de gases lacrimógenos y agresiones contra la población civil
Caracas, 26 de abril de 2017.- El
Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) manifiesta su profunda preocupación
ante el uso y abuso de gases lacrimógenos y el uso de fuerza física -por parte
de los organismos de seguridad del Estado- en contra de la población civil que
ejerce su derecho a la manifestación pacífica, por las consecuencias directas
que tienen sobre el estado de salud y bienestar de los ciudadanos.
Ambas
actuaciones constituyen una violación al derecho humano a la vida y a la salud,
por lo que rechazamos que en los actuales momentos, y ante los últimos hechos
registrados en el país, estos derechos no estén siendo garantizados.
El uso
indiscriminado de sustancias tóxicas, específicamente de los gases lacrimógenos
más utilizados para el control de protestas ciudadanas, como lo son el 2-chlorobenzylideno malononitrilo (CS),
oleoresincapsicum (OC) y cloroacetofenona (CN), produce consecuencias negativas para el sistema
respiratorio, tal y como ha sido documentado en otros países.
Estudios científicos han descrito el
daño que las exposiciones repetidas a estos gases representan para la capacidad
respiratoria de los individuos. El riesgo de presentar un síntoma respiratorio
como tos o flema, goteo nasal, dificultad para respirar o dermatitis es mayor
en quienes han sido expuestos en varias ocasiones a los gases lacrimógenos.
Además, también según estudios científicos, las personas asmáticas y fumadoras
son más propensas a tener un flujo máximo respiratorio significativamente menor
(es decir, mayor dificultad para respirar) que en aquellos que no han sido
expuestos a los gases.
Las exposiciones prolongadas y
recurrentes pueden ocasionar, en el largo plazo, el desarrollo de bronquitis
crónica, dificultad respiratoria y, en último caso, fibrosis pulmonar. Rigidez
del tórax es otra de las consecuencias que pueden presentarse.
Es por ello que expresamos nuestra
preocupación por la cantidad de gases lacrimógenos a la que ha estado expuesta toda
la población que manifiesta pacíficamente, así como también aquellos ciudadanos
que sin estar en las protestas de calle han sido afectados. Nos referimos
específicamente a los niños menores de 5 años que se encuentran en centros
hospitalarios, personas mayores y
población en general que ha recibido gases lacrimógenos estando en sus hogares.
Rechazamos los ataques con gases
lacrimógenos a centros de salud y su uso en los alrededores de recintos
hospitalarios, como ha ocurrido en las últimas semanas en Caracas: el 10 de
abril en un centro privado en Las Mercedes y el 20 de abril en El Valle, requiriendo
la evacuación y traslado de los niños expuestos, madres y pacientes en general.
Rechazamos igualmente el uso de gases
lacrimógenos directamente contra viviendas y edificios en zonas residenciales,
su lanzamiento a corta distancia contra civiles y, más peligroso aún, desde
helicópteros (irregularidad registrada el 10 de abril en Caracas) o
directamente contra manifestantes por el alto riesgo de causar la muerte, como
ha ocurrido este 26 de abril en Caracas con un estudiante universitario.
Condenamos el uso de la fuerza física
para detener a civiles (puede ocasionar la pérdida de la funcionalidad de
algunas estructuras corporales), así como el uso de armas de fuego por parte de
cuerpos de seguridad del Estado y grupos paraestatales en el contexto de las
protestas.
Desde el OVS queremos reiterar el
apoyo a los colegas médicos que han resultado agredidos en las últimas semanas,
bien sea dentro de los centros de trabajo o en las manifestaciones calle, y
reconocemos la labor realizada por los estudiantes de medicina que conforman el
equipo de Primeros Auxilios UCV, destinada a socorrer a los manifestantes
afectados por los gases tóxicos y heridos en las protestas.
El trabajo de los colegas médicos,
que realizan sus labores aún en medio de las deplorables condiciones
hospitalarias, con escasez de insumos médico-quirúrgicos y sin la tecnología
adecuada a los tiempos modernos, solo habla de un gran sentido del trabajo,
preparación, altruismo y nobleza sin igual. De ninguna manera merecen el trato
que se les brinda cuando incluso en los centros hospitalarios son agredidos por
las fuerzas represivas y paraestatales que impiden la realización de su labor.
Exigimos a las autoridades del Ministerio
del Poder Popular para la Salud, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz, y Ministerio del Poder Popular para la Defensa, controlar el
uso de las sustancias tóxicas, el uso de la fuerza física y el uso de armas de
fuego contra la población civil, pues esto solo compromete la salud y la vida de
la población. Y exigimos a los organismos internacionales seguir en detalle los
acontecimientos en Venezuela, porque entre muchas otras violaciones de derechos
humanos, las concernientes al derecho a la salud y a la vida se han
incrementado.
Observatorio
Venezolano de la Salud (OVS)
34 muertos en protestas en Venezuela. Mapa
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) condena los hechos de represión y violencia en Venezuela, que han dejado como saldo 34 personas fallecidas en manifestaciones hasta el 26.04.17
En el OVCS estamos monitoreando y documentando el incremento de la conflictividad y escalada de violencia de las últimas semanas en Venezuela. A continuación compartimos un mapa con la reseña y ubicación de las muertes ocurridas en el marco de manifestaciones desde el 06.04.17 Esperamos que esta información sea útil para exigir justicia y que estos casos no queden impunes.
Nuevamente exigimos al Estado venezolano el cese inmediato de la represión y violencia contra civiles. Así como, la garantía del derecho a la manifestación pacífica, a la vida, libertad e integridad de quienes salen a las calles a expresarse pacíficamente.
Enlace MAPA:
Carlos Ayala afirma que retirarse de la OEA sería una pretensión absurda de aislamiento institucional en DDHH
Carlos Ayala es abogado especialista en Derecho Publico yen Derechos Humanos. Autor de varias publicaciones. Fue Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1997-98), así como Relator sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Americas (1996-1999); y Presidente de la Comisión Andina de Juristas (2003-2009). Fue Miembro de la Comisión Internacional designado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para el proceso de selección y nombramiento de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador (2005); y Consultor de la ONU para el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (2009). Defensor de derechos humanos ante organismos nacionales e internacionales; asesor en derechos humanos en varios organismos internacionales (UNESCO, ONU y otros) y organizaciones no gubernamentales. Individuo Numero 28 de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, y Miembro de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, Suiza (2012). (Fuente)
¿Qué implicaciones tiene lo que ha declarado la Canciller Delcy Rodríguez sobre comenzar las diligencias para retirar a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos?
En primer lugar un anuncio como ese parece más una brabuconada porque no es posible que si organizaciones internacionales como la OEA están pensando en adoptar decisiones conforme a los tratados que la rigen, simplemente si un Estado no está de acuerdo tiene derecho a que no se adopte la decisión o, en caso contrario, a irse de la organización. Salirse de la OEA no es tan fácil: implica denunciar su tratado constitutivo, y eso tiene unos pasos complejos porque si tú planteas la denuncia del tratado y la notificas ante la Secretaría General, aún tienen que transcurrir dos años para que se haga efectiva, es decir que por los dos años siguientes después de que notifiques, sigues siendo un Estado miembro de la OEA. Además, la Carta tiene la disposición de que antes de desligarte tienes que haber cumplido todas tus obligaciones internacionales.
Esto último plantea varios problemas adicionales porque salirte como Estado miembro de la OEA tiene repercusiones tanto en el área de los derechos humanos como en múltiples otras áreas de cooperación financiera, científica, cultural, ambiental, de salud, etcétera. Fíjate que, por ejemplo, en la cooperación financiera que desarrolla el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este es un Banco que es parte del Sistema Interamericano, es decir, los Estados miembros de la OEA son los que pueden ser Estados miembros del BID. Hay muchos que dicen, por ejemplo, que el interés de Cuba por regresar al Sistema Interamericano era básicamente por el tema financiero.
Además, pensando en el tema de los Derechos Humanos, sería muy grave porque después de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana sigue ejerciendo jurisdicción sobre Venezuela bajo la declaración de derechos americana, bajo la Carta de la OEA y otros instrumentos. Esto ha permitido protecciones cautelares, informes de la comisión, etcétera.
En ese sentido, pretender escapar del Sistema Interamericano implicaría una serie de graves consecuencias que haría pensar más bien si, además con ello, no se estaría violando no solamente el derecho internacional sino el derecho constitucional venezolano, porque de alguna manera la Carta de la OEA, al contener como uno de sus órganos principales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace que sea un tratado que cumple, no solamente con los propósitos de fortalecer los derechos humanos de la Constitución (con la cual sería una decisión de carácter regresivo que restrinja la protección internacional. Sería abiertamente inconstitucional), sino que de alguna manera la carta de la OEA goza de esa situación especial de la Carta Magna que le da rango constitucional a los tratados relativos a derechos humanos. En este caso, no es un tratado de derechos humanos pero tiene disposiciones relativas a la protección de los DDHH como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sería un contrasentido total, una pretensión absurda de aislamiento institucional de DDHH, financiera, científica, salud, cultural intercambio educativo… eso parece algo tan absurdo como irrealizable y muchos más en pleno siglo XXI.
¿Cuál sería la actitud responsable que el gobierno debería tomar para asumir su responsabilidad ante la OEA?
El tema es que hay decisiones sobre principios, valores y objetivos como son los de la Carta Democrática Interamericana que no siempre requieren el consenso del gobierno afectado.
Esto se trata del Estado Venezolano, que históricamente ha estado vinculado al Sistema Interamericano, no el gobierno de turno. En ese sentido, debe adoptarse una posición más de Estado, teniendo en cuenta que este está integrado por todos los poderes públicos, por la población, por los distinto sectores. Y si hay principios de la Carta Democrática como el pluralismo, la separación de poderes, las elecciones, el respeto a la voluntad popular, que están siendo señalados como violados por el actual gobierno de Venezuela, lo normal es que haya una actitud de apertura, de reconocimiento de los abusos y de restablecimiento de la normalidad institucional.
¿La aplicación de la Carta implica suspensión?
En principio es importante que se entienda que la Carta democrática está activada desde el primer informe del Secretario General. Además, hay resolución del Consejo Permanente aplicándola.
Con respecto a la suspensión: No. Tiene que ver con ir gradualmente aplicando mecanismos diplomáticos para la solución de la crisis y el restablecimiento del orden constitucional. Un ejemplo de ello sería que en esa reunión de cancilleres se cree una misión de cancilleres del hemisferio que venga a Venezuela a hacer un levantamiento de la situación; a rendir informe a la asamblea de cancilleres; a proponer salidas para el restablecimiento del orden constitucional. Venezuela tendría que cooperar con esas iniciativas.
La suspensión, que por cierto es de los privilegios y no de las obligaciones, está reservada como última carta, como mecanismo ya más de reacción y castigo que como mecanismo inicial. Es como le ocurrió al gobierno de Honduras que siguió siendo un Estado miembro pero el gobierno está suspendido temporalmente mientras se restablece la institucionalidad. En este caso, pasaron casi dos años hasta que tuvieron lecciones, se firmó en Cartagena un acuerdo para normalizar la situación y así hubo de nuevo incorporación plena a la OEA.
¿Cuál es el costo político para el país de esta negativa del gobierno a aceptar el apoyo internacional para el restablecimiento del orden democrático?
Yo pienso que eso va ocasionando un aislamiento del país. En el ámbito internacional, va pareciendo un país contracorriente: que se va aislando; un país donde van ocurriendo situaciones que preocupan cada vez más a la comunidad internacional. No solamente a la OEA sino a las Naciones Unidas.
La consecuencia es la percepción de un gobierno que para no restablecer la normalidad del orden constitucional democrático ha optado por aislarse y seguir extremando esas violaciones. Indudablemente esto no ayuda ni al gobierno ni al país para que sea percibido como un Estado serio, garante de los derechos humanos, que cumple con sus obligaciones internacionales. Eso, aparte de tener consecuencias como las que mencioné, seguramente aleja y espanta inversiones, así como también tiene consecuencias en todo el orden de la cooperación internacional.
Jennifer Peralta
Prensa Provea
Prensa Provea
Comunicado de 18 organizaciones de la sociedad civil ante nuevo aumento de sueldo anunciado el 27 de octubre
Las Organizaciones que suscriben el presente comunicado, con ocasión de la decisión del ejecutivo nacional de decretar un nuevo aumento salarial, que entrara en vigencia el próximo martes 1ro de noviembre de 2016, siendo este el cuarto aumento en lo que va de año, como consecuencia de altos índices inflacionarios, es por ello que expresamos las siguientes preocupaciones:
1. En primer lugar, se observa un incremento porcentual desde el aumento salarial del 1ro de noviembre 2015 al 27 de octubre de 2016, que paso de 6.750,00 Bs a 63.720,00 Bs, para un total de un 944 % del bono alimenticio, mejor conocido como cesta tickets, con respecto al salario mínimo, que paso de 9.648,00 Bs a 27.092,10 Bs, para un total de un 281 %. Lo cual significa que se promueve que el trabajador realice su jornada laboral por su alimento y no por el salario, aunado al hecho que el grueso del aumento no repercute en sus utilidades y prestaciones sociales los cuales son el garante de su futuro y el de sus familias.
2. En Julio de 2015 la composición del salario integral era de la siguiente manera: salario 75% y bono de alimentación 25% hoy después de 6 aumentos decretados por el Ejecutivo Nacional esta proporción se invirtió siendo salario 30% y bono de alimentación 70%, razón por la cual denunciamos la bonificación del salario de los trabajadores, lo cual nos lleva de vuelta a los años 90 cuando sectores sindicales tras arduas luchas lograron revertir tan insana y esclavista practica laboral.
3. La bonificación del salario se traduce en una pérdida de la libertad de los trabajadores de disponer libremente de su paga, además de que los expone a recientes prácticas en las que son víctimas de usureros que cobran hasta 25% de comisión de su beneficio de alimentación a cambio de dinero en efectivo.
4. Este aumento salarial, impacta negativamente en las personas de la tercera edad, llámese jubilados o pensionados, ya que ellos no gozan del bono alimenticio y los aumentos de salario mínimo son insuficientes con respecto a la inflación, que según comunicados del Fondo Monetario Internacional cerrara este año por encima de un 700%.
5. Queremos denunciar que el aumento para los pensionados o jubilados fue de solo 19%, ya que ellos solo perciben salario, razón por la cual pasaran desde el 1ero de Noviembre a cobrar 27.091 Bs lo cual representa un incremento de tan solo 4.515 Bs cifra que dista mucho del 40% anunciado por el Presidente Nicolás Maduro en cadena presidencial
6. Consideramos una afrenta a los pensionados y jubilados que el Presidente Nicolás Maduro haya dicho nuevamente 32 meses después, que someterá a estudio el otorgamiento de un bono de alimentación y salud a pensionados, cuando ya en Febrero de 2014 en cadena presidencial dijo exactamente lo mismo.
7. Consideramos que el otorgamiento del tercer mes de aguinaldo para los pensionados no es una concesión graciosa del Estado sino la reivindicación de un derecho que debió honrarse desde el mismo año en que se alcanzó la homologación de la pensión al salario mínimo.
8. Este aumento aunado a la merma en la capacidad operativa de las pequeñas y medianas empresas, puede ocasionar un posible cierre técnico, ya que no aumentan la producción o ventas y si los gastos operativos.
9. Consideramos que los aumentos que no están basados en el incremento de la productividad de los distintos sectores del país, no se traducen en mejoras para la clase trabajadora puesto que dichos aumentos se ven reflejados inmediatamente en la escalada de la inflación, haciendo de un beneficio un gran problema.
Finalmente, consideramos que:
· El gobierno nacional antes de hacer ajustes salariales, debe realizar mesas de conversaciones plurales con sectores sindicales y empresariales del país, ello con miras a tratar de buscar puntos de encuentro y consenso en los que ninguna de las partes resulte afectada.
· Cese por parte del gobierno nacional de las prácticas persecutorias y confiscadoras de la iniciativa privada, toda vez que ello se traduce en inseguridad jurídica y cierre de fuentes de empleo y tributos para el país.
· Evaluar la necesidad de constituir la consulta tripartita obligatoria según nomas de la OIT y sugeridas por el MERCOSUR.
· Exigir que en los sucesivos aumentos se revierta la creciente bonificación del salario a una relación 70% salario 30% bono de alimentación.
· El gobierno debe URGENTEMENTE honrar el compromiso con los pensionados y jubilados de cancelar el bono de alimentación y salud, propuesta que cuenta con el aval de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia.
· Hasta tanto el gobierno nacional no honre el compromiso de cancelar el bono de alimentación y salud es necesario que el aumento a los pensionados sea en base a lo que perciben, pues hoy para ellos el aumento realmente no fue de 40% sino de 19%.
En Barquisimeto 27 de octubre de 2016, así lo suscriben las siguientes organizaciones:
Asociación de Madres y Padres por los Niños y Niñas de Venezuela
Asociación Civil CONVITE
Aula Abierta Venezuela
Acceso a la Justicia
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida CODEVIDA
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu)
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia
EXCUBITUS DDHH
Federación Venezolana de Abogados del Estado Apure (CDDHHFVCA EDO APURE)
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Padres Organizados de Venezuela
Sociedad Hominis Iura ( SOHI)
Un Mundo Sin Mordaza
Una Ventana de Libertad
Stop VIH y
Movimiento Vinotinto
Pronunciamiento del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres ha venido denunciando continuamente, desde hace ya varios años, los excesos que diferentes órganos del Poder Público, especialmente los cuerpos policiales, han cometido para reprimir el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos a opinar y a manifestar pacíficamente.
Asimismo, hemos estado exhortando y requiriendo de los funcionarios de mayor nivel del Estado para que tomaran las medidas necesarias que impidieran estos excesos en el futuro.
No obstante, desde el Observatorio vemos con gran preocupación que, por el contrario, la violación de los derechos humanos en nuestro país, traducida en violencia institucional, psicológica, física y encarcelamientos tanto a los ciudadanos que protestan en forma pacífica como a los dirigentes de los partidos de oposición, va en aumento.
Las agresiones a la entrada de la Asamblea Nacional contra la defensora de los derechos humanos, diputada Delsa Solórzano, por simpatizantes oficialistas, tolerada por los guardias nacionales que se supone deben proteger a los parlamentarios representantes del pueblo, así como los brutales golpes que varios agentes de la policía del Estado Aragua propinaron a Laura Lara, una sencilla mujer, sin ningún tipo de justificación, son sólo dos ejemplos de cómo se ha venido erosionando el Estado de Derecho en Venezuela.
Es obligación ineludible de este Observatorio solidarizarse con ambas mujeres, que representan valientemente a todos los estratos sociales y niveles de participación ciudadana. Igualmente, exigir a la Fiscalía y al gobierno, investigar y sancionar a los culpables. No sólo repudiamos dichas agresiones y ofrecemos nuestro apoyo y ánimo a Delsa Solórzano y Laura Lara, sino que denunciamos, una vez más, la violación constante a los derechos humanos de hombres y mujeres venezolanos que han decidido protestar pacíficamente dentro de los límites que les permite tanto la Constitución como los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el Estado venezolano y de obligatorio cumplimiento.
Pareciera inoficioso repetir aquí toda la lista de incidentes que el Observatorio ha denunciado anteriormente, así como las razones de hecho y derecho que nos han llevado a exigir al Poder Público que cese en la violación constante de los derechos humanos a las mujeres, a la juventud estudiantil y en contra de cualquier persona que disienta del gobierno o que ejerza su derecho a la protesta pacífica.
Ante la falta de receptividad por parte de los funcionarios en cuyo poder está el que tales situaciones dejen de repetirse, no queda más camino que insistir, recordando que la violación de los Derechos Humanos Fundamentales constituye un crimen contra la humanidad, y que existen instancias internacionales con capacidad para sancionar y castigar tales violaciones.
En Caracas, a los 31 días del mes de octubre de 2016
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
COMUNICADO de AULA ABIERTA
En relación con los hechos acaecidos en Maracaibo el día 26 de octubre de 2016, las organizaciones de derechos humanos en el estado Zulia ratificamos nuestro apoyo al ejercicio de las libertades civiles y políticas, y en concreto, al derecho a la manifestación pacífica.
Durante el desarrollo de la protesta, que se inició en la mañana y se extendió hasta tempranas horas de la tarde, fue notable el comportamiento cívico de los manifestantes. Sin embargo, la paz fue interrumpida cuando los manifestantes que transitaban por la Circunvalación 1 fueron emboscados por un grupo de civiles armados adeptos al gobierno que se encontraban ubicados en el Distribuidor Perijá 1, limítrofe entre los municipios Maracaibo y San Francisco. Este grupo atacó a los manifestantes, estando en presencia de la Policía del Municipio Bolivariano de San Francisco, generando un saldo de siete (7) personas heridas, de las cuales cuatros (04) resultaron heridas de bala y tres (03) de ellas son estudiantes universitarios.
En razón de ello, exigimos al Estado venezolano que investigue los hechos que atentaron contra la integridad física y la vida de estas personas que, avaladas por la Constitución de la República, salieron de sus casas a ejercer su derecho a la protesta pacífica.
En este sentido, exhortamos a las autoridades ejecutivas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, a que no exista impunidad y se sancione a los responsables de estos delitos, atendiendo a lo establecido en la Constitución y las leyes, así como en las obligaciones internacionales de la República en materia de protección de los derechos humanos.
Advertimos que el Estado venezolano no sólo está obligado a permitir la manifestación pacífica, sino que también tiene el deber de garantizar la seguridad en los espacios donde esta se realice, tanto para las personas que protestan como para las que no.
En definitiva, lo ocurrido en Maracaibo el 26 de octubre de 2016 replica una situación de la que ya hemos sido testigos en años anteriores: una manifestación que se inició de manera ejemplar fue interrumpida con hechos de violencia.
También hacemos un llamado a la paz y la calma en estos momentos de incertidumbre, recomendando a la ciudadanía a no hacerse eco de rumores e informaciones que no hayan sido verificadas.
Por último, reivindicamos el derecho que tenemos todos los venezolanos a decidir y resolver la crisis política que atraviesa nuestro país haciendo uso de las vías democráticas.
En Maracaibo, a los 27 días de octubre de 2016.
Organizaciones que suscriben:
· CODHEZ (Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia)
· Aula Abierta Venezuela
· Comisión de Derechos Humanos Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad del Zulia
· Foro Penal Venezolano- Capitulo Zulia
· Transparencia Venezuela
· Centro de acción y defensa por los Derechos Humanos
Publicación del comunicado http://
Aula Abierta Venezuela
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