COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO Venezuela / Protestas: Relatores de la ONU y la CIDH rechazan censura, detenciones y ataques a periodistas
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Pronunciamiento de la Cátedra de Derecho Internacional Público ante la denuncia de la Carta de la OEA
FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA DE DERECHO
CÁTEDRA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁTEDRA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, ANTE LA DENUNCIA DE LA CARTA DE LA OEA
La Cátedra de Derecho Internacional Público, ante la denuncia por parte de la República Bolivariana de Venezuela de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, cuya formalización anunció para el día de hoy la Ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Eloina Rodríguez, estima imperativo formular las siguientes puntualizaciones, para el mejor conocimiento y la tranquilidad de la población:
— Si bien el artículo 143 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos contempla la posibilidad de que cualquiera de los Estados miembros denuncie el tratado, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, dicha opción no surte ningún efecto inmediato o automático para el Estado que la ejerce. Por el contrario, está sometida a dos requisitos insoslayables; a saber:
1) que transcurran dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba la notificación de denuncia; y
2) que el Estado haya cumplido con las obligaciones emanadas de la Carta (tanto aquellas de carácter pecuniario como las de cualquier otra naturaleza).
— Es solamente a partir del momento en que se cumplan enteramente los dos requisitos antes mencionados que cesará la Carta en sus efectos respecto del Estado denunciante y éste quedará desligado de la Organización.
Mientras que tales extremos no se hayan completado, el Estado debe continuar respetando todas las disposiciones de la Carta de la Organización y las resoluciones de sus órganos o, de lo contrario, quedará comprometida su responsabilidad internacional.
Finalmente, la Cátedra de Derecho Internacional Público deplora profundamente la decisión sin precedentes del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, por considerarla aislacionista para Venezuela y contraria al respeto debido al Derecho Internacional Americano, a cuyo surgimiento y consolidación tanto contribuyeron nuestro Libertador Simón Bolívar y nuestro gran Andrés Bello.
Dicha denuncia está dirigida principalmente a evadir las obligaciones que establece la Carta Democrática Interamericana y a sustraer totalmente a Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y priva a los venezolanos del derecho, previsto en el artículo 31 de la Constitución de la República, de recurrir ante los órganos regionales de protección, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos, conculcados por el Estado.
Igualmente, esta decisión contradice los principios que, según la Constitución, deben regir las relaciones internacionales de la República en atención a los fines del Estado.
Caracas, a los 27 días del mes de abril de 2017.
Prof. Dr. Adalberto Urbina Briceño
El Jefe de la Cátedra
Los Profesores:
Prof. Dr. Ramón Crazut Alexandrow
Prof. Dra. Milagros Betancourt
Prof. Mg. Simón Gómez Guaimara
CIDH presenta su Informe Anual
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VIDEO: Derecho a manifestar y al debido proceso vs. la represión en Venezuela (abril 2017)
Informamos que hicimos un sencillo vídeo sobre las protestas de abril de 2017, intitulado:
Derecho a manifestar y al debido proceso vs. la represión en Venezuela (abril 2017)
Para que la gente conozca mejor sus derechos, así como para que se sepa más sobre cómo actúa el gobierno frente a nuestros derechos.
https://goo.gl/3MFGbf
CIDH anuncia calendario de audiencias públicas del 162 Período de Sesiones y convocatoria para participar en audiencias de oficio
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Producción diaria de PDVSA descendió 20% en los últimos 17 años
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COMUNICADO - Ante el uso excesivo de gases lacrimógenos y agresiones contra la población civil
Caracas, 26 de abril de 2017.- El
Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) manifiesta su profunda preocupación
ante el uso y abuso de gases lacrimógenos y el uso de fuerza física -por parte
de los organismos de seguridad del Estado- en contra de la población civil que
ejerce su derecho a la manifestación pacífica, por las consecuencias directas
que tienen sobre el estado de salud y bienestar de los ciudadanos.
Ambas
actuaciones constituyen una violación al derecho humano a la vida y a la salud,
por lo que rechazamos que en los actuales momentos, y ante los últimos hechos
registrados en el país, estos derechos no estén siendo garantizados.
El uso
indiscriminado de sustancias tóxicas, específicamente de los gases lacrimógenos
más utilizados para el control de protestas ciudadanas, como lo son el 2-chlorobenzylideno malononitrilo (CS),
oleoresincapsicum (OC) y cloroacetofenona (CN), produce consecuencias negativas para el sistema
respiratorio, tal y como ha sido documentado en otros países.
Estudios científicos han descrito el
daño que las exposiciones repetidas a estos gases representan para la capacidad
respiratoria de los individuos. El riesgo de presentar un síntoma respiratorio
como tos o flema, goteo nasal, dificultad para respirar o dermatitis es mayor
en quienes han sido expuestos en varias ocasiones a los gases lacrimógenos.
Además, también según estudios científicos, las personas asmáticas y fumadoras
son más propensas a tener un flujo máximo respiratorio significativamente menor
(es decir, mayor dificultad para respirar) que en aquellos que no han sido
expuestos a los gases.
Las exposiciones prolongadas y
recurrentes pueden ocasionar, en el largo plazo, el desarrollo de bronquitis
crónica, dificultad respiratoria y, en último caso, fibrosis pulmonar. Rigidez
del tórax es otra de las consecuencias que pueden presentarse.
Es por ello que expresamos nuestra
preocupación por la cantidad de gases lacrimógenos a la que ha estado expuesta toda
la población que manifiesta pacíficamente, así como también aquellos ciudadanos
que sin estar en las protestas de calle han sido afectados. Nos referimos
específicamente a los niños menores de 5 años que se encuentran en centros
hospitalarios, personas mayores y
población en general que ha recibido gases lacrimógenos estando en sus hogares.
Rechazamos los ataques con gases
lacrimógenos a centros de salud y su uso en los alrededores de recintos
hospitalarios, como ha ocurrido en las últimas semanas en Caracas: el 10 de
abril en un centro privado en Las Mercedes y el 20 de abril en El Valle, requiriendo
la evacuación y traslado de los niños expuestos, madres y pacientes en general.
Rechazamos igualmente el uso de gases
lacrimógenos directamente contra viviendas y edificios en zonas residenciales,
su lanzamiento a corta distancia contra civiles y, más peligroso aún, desde
helicópteros (irregularidad registrada el 10 de abril en Caracas) o
directamente contra manifestantes por el alto riesgo de causar la muerte, como
ha ocurrido este 26 de abril en Caracas con un estudiante universitario.
Condenamos el uso de la fuerza física
para detener a civiles (puede ocasionar la pérdida de la funcionalidad de
algunas estructuras corporales), así como el uso de armas de fuego por parte de
cuerpos de seguridad del Estado y grupos paraestatales en el contexto de las
protestas.
Desde el OVS queremos reiterar el
apoyo a los colegas médicos que han resultado agredidos en las últimas semanas,
bien sea dentro de los centros de trabajo o en las manifestaciones calle, y
reconocemos la labor realizada por los estudiantes de medicina que conforman el
equipo de Primeros Auxilios UCV, destinada a socorrer a los manifestantes
afectados por los gases tóxicos y heridos en las protestas.
El trabajo de los colegas médicos,
que realizan sus labores aún en medio de las deplorables condiciones
hospitalarias, con escasez de insumos médico-quirúrgicos y sin la tecnología
adecuada a los tiempos modernos, solo habla de un gran sentido del trabajo,
preparación, altruismo y nobleza sin igual. De ninguna manera merecen el trato
que se les brinda cuando incluso en los centros hospitalarios son agredidos por
las fuerzas represivas y paraestatales que impiden la realización de su labor.
Exigimos a las autoridades del Ministerio
del Poder Popular para la Salud, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz, y Ministerio del Poder Popular para la Defensa, controlar el
uso de las sustancias tóxicas, el uso de la fuerza física y el uso de armas de
fuego contra la población civil, pues esto solo compromete la salud y la vida de
la población. Y exigimos a los organismos internacionales seguir en detalle los
acontecimientos en Venezuela, porque entre muchas otras violaciones de derechos
humanos, las concernientes al derecho a la salud y a la vida se han
incrementado.
Observatorio
Venezolano de la Salud (OVS)
34 muertos en protestas en Venezuela. Mapa
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) condena los hechos de represión y violencia en Venezuela, que han dejado como saldo 34 personas fallecidas en manifestaciones hasta el 26.04.17
En el OVCS estamos monitoreando y documentando el incremento de la conflictividad y escalada de violencia de las últimas semanas en Venezuela. A continuación compartimos un mapa con la reseña y ubicación de las muertes ocurridas en el marco de manifestaciones desde el 06.04.17 Esperamos que esta información sea útil para exigir justicia y que estos casos no queden impunes.
Nuevamente exigimos al Estado venezolano el cese inmediato de la represión y violencia contra civiles. Así como, la garantía del derecho a la manifestación pacífica, a la vida, libertad e integridad de quienes salen a las calles a expresarse pacíficamente.
Enlace MAPA:
Carlos Ayala afirma que retirarse de la OEA sería una pretensión absurda de aislamiento institucional en DDHH
Carlos Ayala es abogado especialista en Derecho Publico yen Derechos Humanos. Autor de varias publicaciones. Fue Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1997-98), así como Relator sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Americas (1996-1999); y Presidente de la Comisión Andina de Juristas (2003-2009). Fue Miembro de la Comisión Internacional designado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para el proceso de selección y nombramiento de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador (2005); y Consultor de la ONU para el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (2009). Defensor de derechos humanos ante organismos nacionales e internacionales; asesor en derechos humanos en varios organismos internacionales (UNESCO, ONU y otros) y organizaciones no gubernamentales. Individuo Numero 28 de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, y Miembro de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, Suiza (2012). (Fuente)
¿Qué implicaciones tiene lo que ha declarado la Canciller Delcy Rodríguez sobre comenzar las diligencias para retirar a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos?
En primer lugar un anuncio como ese parece más una brabuconada porque no es posible que si organizaciones internacionales como la OEA están pensando en adoptar decisiones conforme a los tratados que la rigen, simplemente si un Estado no está de acuerdo tiene derecho a que no se adopte la decisión o, en caso contrario, a irse de la organización. Salirse de la OEA no es tan fácil: implica denunciar su tratado constitutivo, y eso tiene unos pasos complejos porque si tú planteas la denuncia del tratado y la notificas ante la Secretaría General, aún tienen que transcurrir dos años para que se haga efectiva, es decir que por los dos años siguientes después de que notifiques, sigues siendo un Estado miembro de la OEA. Además, la Carta tiene la disposición de que antes de desligarte tienes que haber cumplido todas tus obligaciones internacionales.
Esto último plantea varios problemas adicionales porque salirte como Estado miembro de la OEA tiene repercusiones tanto en el área de los derechos humanos como en múltiples otras áreas de cooperación financiera, científica, cultural, ambiental, de salud, etcétera. Fíjate que, por ejemplo, en la cooperación financiera que desarrolla el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este es un Banco que es parte del Sistema Interamericano, es decir, los Estados miembros de la OEA son los que pueden ser Estados miembros del BID. Hay muchos que dicen, por ejemplo, que el interés de Cuba por regresar al Sistema Interamericano era básicamente por el tema financiero.
Además, pensando en el tema de los Derechos Humanos, sería muy grave porque después de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana sigue ejerciendo jurisdicción sobre Venezuela bajo la declaración de derechos americana, bajo la Carta de la OEA y otros instrumentos. Esto ha permitido protecciones cautelares, informes de la comisión, etcétera.
En ese sentido, pretender escapar del Sistema Interamericano implicaría una serie de graves consecuencias que haría pensar más bien si, además con ello, no se estaría violando no solamente el derecho internacional sino el derecho constitucional venezolano, porque de alguna manera la Carta de la OEA, al contener como uno de sus órganos principales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace que sea un tratado que cumple, no solamente con los propósitos de fortalecer los derechos humanos de la Constitución (con la cual sería una decisión de carácter regresivo que restrinja la protección internacional. Sería abiertamente inconstitucional), sino que de alguna manera la carta de la OEA goza de esa situación especial de la Carta Magna que le da rango constitucional a los tratados relativos a derechos humanos. En este caso, no es un tratado de derechos humanos pero tiene disposiciones relativas a la protección de los DDHH como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sería un contrasentido total, una pretensión absurda de aislamiento institucional de DDHH, financiera, científica, salud, cultural intercambio educativo… eso parece algo tan absurdo como irrealizable y muchos más en pleno siglo XXI.
¿Cuál sería la actitud responsable que el gobierno debería tomar para asumir su responsabilidad ante la OEA?
El tema es que hay decisiones sobre principios, valores y objetivos como son los de la Carta Democrática Interamericana que no siempre requieren el consenso del gobierno afectado.
Esto se trata del Estado Venezolano, que históricamente ha estado vinculado al Sistema Interamericano, no el gobierno de turno. En ese sentido, debe adoptarse una posición más de Estado, teniendo en cuenta que este está integrado por todos los poderes públicos, por la población, por los distinto sectores. Y si hay principios de la Carta Democrática como el pluralismo, la separación de poderes, las elecciones, el respeto a la voluntad popular, que están siendo señalados como violados por el actual gobierno de Venezuela, lo normal es que haya una actitud de apertura, de reconocimiento de los abusos y de restablecimiento de la normalidad institucional.
¿La aplicación de la Carta implica suspensión?
En principio es importante que se entienda que la Carta democrática está activada desde el primer informe del Secretario General. Además, hay resolución del Consejo Permanente aplicándola.
Con respecto a la suspensión: No. Tiene que ver con ir gradualmente aplicando mecanismos diplomáticos para la solución de la crisis y el restablecimiento del orden constitucional. Un ejemplo de ello sería que en esa reunión de cancilleres se cree una misión de cancilleres del hemisferio que venga a Venezuela a hacer un levantamiento de la situación; a rendir informe a la asamblea de cancilleres; a proponer salidas para el restablecimiento del orden constitucional. Venezuela tendría que cooperar con esas iniciativas.
La suspensión, que por cierto es de los privilegios y no de las obligaciones, está reservada como última carta, como mecanismo ya más de reacción y castigo que como mecanismo inicial. Es como le ocurrió al gobierno de Honduras que siguió siendo un Estado miembro pero el gobierno está suspendido temporalmente mientras se restablece la institucionalidad. En este caso, pasaron casi dos años hasta que tuvieron lecciones, se firmó en Cartagena un acuerdo para normalizar la situación y así hubo de nuevo incorporación plena a la OEA.
¿Cuál es el costo político para el país de esta negativa del gobierno a aceptar el apoyo internacional para el restablecimiento del orden democrático?
Yo pienso que eso va ocasionando un aislamiento del país. En el ámbito internacional, va pareciendo un país contracorriente: que se va aislando; un país donde van ocurriendo situaciones que preocupan cada vez más a la comunidad internacional. No solamente a la OEA sino a las Naciones Unidas.
La consecuencia es la percepción de un gobierno que para no restablecer la normalidad del orden constitucional democrático ha optado por aislarse y seguir extremando esas violaciones. Indudablemente esto no ayuda ni al gobierno ni al país para que sea percibido como un Estado serio, garante de los derechos humanos, que cumple con sus obligaciones internacionales. Eso, aparte de tener consecuencias como las que mencioné, seguramente aleja y espanta inversiones, así como también tiene consecuencias en todo el orden de la cooperación internacional.
Jennifer Peralta
Prensa Provea
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