En una semana murieron cinco presos por tuberculosis en Fénix Lara

En una semana fueron ingresados los cadáveres de cinco presos a la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, todos provenientes de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, ubicado en la zona norte de la ciudad. 

La causa de muerte de los cinco privados de libertad fue tuberculosis. Según pudo conocer el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), todo padecían desnutrición severa y se les apreciaban los huesos pegados a la piel, pues en los últimos meses habían rebajado más de 30 kilos. 

“Necesitamos ayuda. Nuestros hijos, esposos y hermanos se están muriendo, parecen unos cadáveres ambulantes”, son las denuncias que llegan de distintos familiares al OVP, quienes no se identifican por temor a que sus seres queridos sean castigados dentro del penal. 

Los presos de Fénix Lara están recibiendo una sola comida al día, su dieta consta de una pequeña ración de arroz sin acompañante alguno, agua de pasta o una arepa sin relleno. En ocasiones los hombres no reciben alimentos durante todo el día, mientras que las mujeres reciben el mismo menú pero dos raciones por día.

Así lo informó Carolina Girón, directora del OVP, quien agradeció la colaboración de los reclusos y sus familiares para recabar esta información que representa una violación flagrante a sus derechos humanos. De la misma forma señaló que el abastecimiento del agua potable es irregular.  

Familiares de los presos también han denunciado que los presos no cuentan con un servicio médico que funcione las 24 horas dentro del penal y muchos menos cuentan con los insumos para atender una emergencia. 

“Para sacar a un preso hasta el Hospital tiene que estar muriéndose”, expresó uno de los parientes, al tiempo que relató que en la cárcel exigen las órdenes judiciales para efectuar dichos traslados, pero la paralización de los tribunales desde el inicio de la cuarentena obligatoria ha imposibilitado esta gestión y cuando se consigue a través de un juez, desde el mismo penal niegan los traslados. 

Jóvenes y adultos mayores 

De igual manera, el Observatorio Venezolano de Prisiones constató que en un lapso de nueve días durante el mes de julio fueron ingresados seis reos fallecidos por tuberculosis a la medicatura forense y cinco en un lapso de una semana.

La primera víctima fue identificada como Jackson Alfonso Peña Linares, de 30 años de edad, quien murió dentro de un calabozo en Fénix Lara el viernes 17 de julio. El cadáver fue levantado por funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la región.

El segundo fallecido fue Elías Antonio González, un joven que no pasaba los 25 años de edad y quien murió el domingo 19 de julio.   Dos días después, el martes 21 de julio murió Delvys Vicente Lomio Delgado, de 31 años de edad.

El miércoles 22 de julio hasta la emergencia del Hospital Central de Barquisimeto fueron trasladados cinco presos de Fénix Lara para evaluación médica, todos estaban deshidratados. Solo cuatro llegaron con vida, mientras que Juan Francisco Betancourt Torres, de 68 años de edad, fue ingresado a la morgue. 

De los cuatros que fueron trasladados a la emergencia quedó recluido en el centro asistencial el septuagenario José González, el resto fue devuelto a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara. Lamentablemente murió el 25 de julio. 

Agustín Esteban Rodríguez Brizuela, de 71 años de edad, fue uno de los presos que el 22 fue trasladado al centro asistencial y el viernes 24 fue encontrado sin vida por sus propios compañeros en la celda. Según se pudo conocer, a este señor nunca le cesó la fiebre y su familia no tiene conocimiento desde cuándo estaba enfermo porque desde que inició la cuarentena no tenían comunicación con él.

Además de estos seis reclusos fallecidos, se pudo conocer que el área de visita fue habilitada porque no tienen suficiente espacio en enfermería. Los presos recluidos en este sector tienen cuadros de desnutrición, fiebre y deshidratación.

“Las madres de estos presos están desesperadas y no es para menos, sus hijos se están muriendo de hambre y de enfermedades dentro de las cárceles y ni siquiera les avisan cuando fallecen”, enfatizó Girón, a la vez que expresó una vez más su preocupación por esta dramática situación. 

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones 

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TSJ golpea la descentralización tributaria de los municipios y estados

ACCESO A LA JUSTICIA

El pasado 7 de julio el máximo intérprete de la Carta Magna propinó otro golpe contra el Estado constitucional de derecho, luego de que en la 

La Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó además al vicepresidente sectorial del Área Económica, Tareck El Aissami, que conformara una mesa técnica con los gobernadores, los alcaldes y el jefe de gobierno del Distrito Capital «a fin de coordinar los parámetros dentro de los cuales ejercerán la potestad tributaria, en particular, para armonizar los tipos impositivos y alícuotas de los tributos».

La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que desaplica la potestad tributaria constitucional de los municipios y estados se produce a partir de un recurso de nulidad, junto con un amparo cautelar presentado en 2019 para impugnar las ordenanzas Reforma de la Ordenanza de Creación de las Unidades de Valores Fiscales en el Municipio Chacao del Estado Miranda y Reforma de la Ordenanza sobre Convivencia Ciudadana del Municipio Chacao, dictadas por el Concejo Municipal del municipio Chacao a través de las cuales efectuaban cobros de tributos y sanciones fijadas al tipo de cambio de referencia que establece diariamente el Banco Central de Venezuela (BCV).

Acceso a la Justicia considera insólito que después de casi un año desde que la SC admitiera el mencionado recurso de nulidad y ordenara suspender temporalmente  ambas leyes municipales en la 

Para sustentar la adopción de esta medida suspensiva, la Sala de manera arbitraria decidió usurpar la función legislativa de la Asamblea Nacional (AN), por cuanto hasta la fecha el Parlamento no ha dictado la legislación para coordinar y armonizar las potestades tributarias de las distintas personas político territoriales del país, a que se refiere el ordinal 13 del artículo 156 constitucional.

Violaciones contra los poderes municipal y estadal

Las repetidas y cada vez más frecuentes violaciones al Texto Fundamental venezolano por parte del TSJ ponen aún más en riesgo el ya debilitado Estado federal venezolano tras negar la autonomía tributaria de los municipios y estados, que es la facultad de crear, organizar, recaudar, administrar y controlar tributos.

El Estado federal aparece proclamado en el artículo 4 de la Constitución, y apunta hacia la distribución vertical del poder público, estableciendo niveles políticos territoriales, que en el caso venezolano está estructurado en República-estado-municipio. A su vez, a cada nivel político territorial le corresponde una autonomía política, administrativa, legislativa, financiera y tributaria. Cada autonomía, así mismo, comporta funciones propias que se ejercen con plenitud.

Al respecto, Acceso a la Justicia observa cómo la SC con la sentencia n.º 78 desmanteló aún más al Estado federal contemplado en la Carta Magna, al suspender cautelarmente y de manera injustificada la autonomía que gozan los municipios y los estados federados en el ejercicio de sus funciones, y más concretamente la tributaria, con el ánimo de acrecentar, incluso reforzar, competencias del Poder Ejecutivo, representado en este caso por el vicepresidente sectorial del Área Económica del régimen de Nicolás Maduro Moros, Tareck El Aissami.

Lo anterior queda refrendado aún más luego de que la SC resolviera invadir una vez más la competencia de la AN, destinada a regular el ejercicio de la potestad tributaria de los municipios y estados, a fin de favorecer al gobierno central nacional, y que contraría groseramente a la Constitución al ignorar no solo la descentralización (artículo 4),  principio fundamental que rige al gobierno de la República y de las entidades que la componen, sino también la distribución y división del poder público venezolano, establecida en el artículo 136 de la Constitución.

La decisión judicial n.º 78, sin cumplir con los razonamientos, requisitos y criterios que debe tener una sentencia, desconoció de manera absoluta las normas de la Carta Magna que distribuyen las potestades tributarias entre los distintos entes político territoriales.

Lo más grave es que la sentencia manipuló y alteró la organización federal del Estado, así como la separación y el equilibrio entre los poderes, al invadir, aparte de «transferir» irregularmente una competencia legislativa exclusiva de la AN, destinada a armonizar el ejercicio de las potestades tributarias, a una instancia del Ejecutivo Nacional que es absolutamente ajena a la materia.

Sin duda,la adopción de esta sentencia cautelar pone en riesgo de colapso el debilitado Estado constitucional de derecho, que incluso contradice su propia razón de ser dado que propicia un conflicto entre los poderes municipal, estadal y nacional.

El desconocimiento del Estado federal es una estrategia de vieja data

La práctica centralista con el ánimo de asfixiar a los municipios y estados en el ejercicio de sus competencias y, por ende, desmembrar el Estado federal que proclama la Carta Magna, no es nueva. De hecho, existe una batería de decisiones, gubernamentales, legislativas y jurisprudenciales, que desde hace tiempo propugnan su eliminación; se trata, por cierto, de una política que fue impulsada por el expresidente Hugo Chávez Frías.

La propuesta de reforma constitucional que Chávez Frías presentó en 2007 era un texto que concebía la institucionalización de un Estado centralizado. Sin embargo, tras su rechazo popular mediante referendo celebrado el día 2 de diciembre de ese año, la AN de mayoría oficialista para ese momento emprendió un feroz ataque a los postulados del modelo de Estado desarrollado en la Constitución de 1999, en concreto contra la descentralización político territorial con la aprobación de leyes diseñadas para estructurar el llamado «Estado Popular» o «Estado Comunal».

En 2017,  la creación del  Estado Comunal sería avalada por la SC en la 

Por otro lado, también destacan diferentes y polémicas decisiones judiciales emanadas del TSJ. En el 2008, la SC en la 

A partir de esa decisión, la AN, dominada por el chavismo, reformaría al poco tiempo la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (Gaceta Oficial n.º 39140 del 17 de marzo de 2009), en la que faculta expresamente al Ejecutivo Nacional a «revertir por razones estratégicas, de mérito, oportunidad o conveniencia, la transferencia de las competencias concedidas a los estados»(artículo 8).

En 2009, la Sala Político Administrativa (SPA) en su 

En el fallo citado, el juez administrativo estableció que:

«La autonomía municipal lejos de ser absoluta se encuentra sujeta a las limitaciones establecidas tanto en la Constitución como en la Ley (…) 

A las anteriores irregularidades se suma la amenaza que en 2017 hizo el Ejecutivo nacional con privar de recursos a los estados y municipios que 

Frente a estos tristes episodios, tampoco puede perderse de vista que en la actualidad existe la amenaza de que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) apruebe un 

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Evidentemente las arbitrariedades del TSJ son llevadas a cabo por razones políticas, sobre todo para asegurar más control del poder en momentos de grave crisis que vive el país, y en medio de un año de contienda electoral que avanza sin ningún tipo de contratiempos desde que fue convocada su celebración por el írrito CNE.

No cabe la menor duda de que la ilegítima actuación del TSJ, brazo ejecutor del régimen de Maduro, ha sido adoptada no solo para evadir el control de la AN, sino también para desplazar a los poderes municipal y estadal en materia tributaria.

Es una medida que impactará negativamente en los ingresos públicos de esas entidades locales y regionales, pero sobre todo generará más zozobra y desconcierto entre los venezolanos, especialmente en los contribuyentes a la hora de cumplir sus obligaciones tributarias.

Enlace a la nota 

Informe Anual 2019 | Violaciones a la libertad personal aumentaron 147% con 2744 presuntas víctimas

“Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” Artículo 9, Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el 2019 Provea registró un aumento de 147% de violaciones al derecho a la libertad personal, con un total de 2.744 presuntas víctimas, un incremento con respecto al 2018 y una disminución de 66% del promedio anual de los últimos 29 años registrados en los informes anuales de la organización. Al menos el 89% de estas detenciones, unas 2.451 víctimas, están vinculadas con manifestaciones de carácter político, reclamos por servicios públicos y exigencias salariales.

Derecho a la libertad personal

La libertad personal es inviolable; en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza de cada caso. (…) Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Durante este período de tiempo, 1.957 personas fueron detenidas masivamente, lo que constituye el 71% del total de las presuntas violaciones a la libertad personal del 2019. Estas cifras son un aumento del 171% respecto a las personas detenidas masivamente en el 2018, y una disminución del 82% sobre el promedio general de detenciones masivas registradas desde 1999. Esta “bajada” no significa una mejora de los derechos civiles, el resultado puede estar asociado con otras formas de violencia institucional, el desplazamiento del interés de los medios de comunicación (nuestra principal fuente de información), y la disminución de la población en al menos 13% debido al éxodo de venezolanos durante los últimos años.

¿Qué es una detención masiva? Son los casos en que son detenidas más de 10 personas en un mismo evento. Ocurren operativos policiales o militares de seguridad ciudadana o de manifestaciones, en los que la discrecionalidad y arbitrariedad de los funcionarios aumenta, o los motivos de detención usualmente no encuentran justificación legal.

Las detenciones colectivas también aumentaron respecto al 2018 con 116%, y 282% contra el promedio general de los últimos 10 años. De las 2.744 víctimas registradas, solo 91 (3,3%) corresponden a detenciones individuales, un incremento de 49% de estas detenciones contra el 2018.

¿Qué es una detención colectiva? Casos en donde son detenidas entre 2 y 10 personas en un mismo evento.

Las detenciones en manifestaciones no pararon de aumentar para el 2019 con un total de 2.451 detenidos, incrementándose 481% respecto al 2018, 102 menos que en el 2017, cuando ocurrieron protestas masivas en toda Venezuela. Esta cifra representa un incremento de 297% sobre el promedio general de los últimos 29 años. Durante el 2019 hubo más manifestaciones que en 2014, 2017 y 2018, caracterizados por grandes protestas nacionales.

Imagen de manifestación registrada en el 2019.

Según nuestro Informe Anual 2019, durante el año de estudio las violaciones a la libertad personal estuvieron enfocadas principalmente en manifestaciones callejeras (89%) y fueron de carácter masivo (71%). Las cifras disponibles sugieren que las detenciones masivas en las barriadas populares durante los últimos cuatro años vienen siendo sustituidas por intervenciones institucionales más intensas, selectivas y mortales. Los datos reflejan que en los barrios populares la victimización por la acción policial ha mantenido su letalidad.

Caso Capitán Rafael Acosta Arévalo

Capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo.

En 2019 Venezuela conoció la desaparición forzada y posterior muerte por torturas del Capitán de Corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo, quien se encontraba bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Rafael fue un militar venezolano con el rango de capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, víctima de una desaparición forzada de 6 días y posteriormente acusado por la dictadura de Maduro de “conspirar para llevar a cabo un intento de golpe de Estado”

Niños víctimas de detenciones arbitrarias

Los niños tampoco escaparon de la política de persecución del gobierno de facto de Maduro, al menos 162 niños fueron víctimas de detenciones ilegales y arbitrarias durante el 2019, con el 6% de todos los casos. Una vez más se refleja la ausencia de garantías reales de el Estado venezolano, y la falta de los entes competentes que velen por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. 

193 víctimas en 83 casos fueron víctimas de privación de libertad por razones políticas, una disminución de 30,8% respecto al 2018, cuando se reportó la mayor cantidad de detenciones de este tipo. Pero, si esta cifra se compara con el promedio general de casos anuales que desde Provea se registra desde 2009, se trataría de un incremento del 186%, esto significa la continuidad de la tendencia de la persecución política contra voces críticas a Maduro, casos que algunas veces incluyen desapariciones forzadas. En 2020 se comienza a reportar que esta tendencia no ha ido a la baja, y personalidades como Juan Guaidó, han denunciado reiteradamente violaciones de privativa de libertad contra personal de su equipo.

¿Cuándo y dónde se registró la mayor cantidad de detenciones?

El primer semestre del 2019 estuvo marcado por protestas convocadas por Juan Guaidó desde el 21 de enero, con la estrategia “Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” con convocatorias de calle contra el gobierno de Maduro, que generaron al menos 1.021 personas detenidas solamente en enero. Luego, Venezuela presenció una serie de apagones generales en marzo que iniciaron protestas desde ese mes por las reiteradas fallas en los servicios básicos, las cuales terminaron con el mes de abril con 612 personas privadas de libertad.

Según el Informe Anual de Provea 2019, al menos tres decenas de estas personas fueron detenidas luego de su participación en las manifestaciones, cuando ya se encontraban en su hogar. Los estados que presentaron los primeros lugares en cantidad de detenciones ilegales o arbitrarias fueron: Zulia con 537 (20,4%), Anzoátegui con 237 (9%), Miranda con 230 (8,7%), Distrito Capital con 227 (8,6%), Lara con 223 (8,5%) y Aragua con 196 (7,44%). Estos seis estados suman 63% de todos los casos registrados en los que se pudo identificar el lugar de ocurrencia.

Responsables de la mayoría de detenciones

Según el registro de Provea, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue el órgano de seguridad de el Estado venezolano responsable de la mayoría de las detenciones, 52% de estos hechos, caracterizados en 48,5% por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como el mayor componente de acción. Recordemos que la GNB es un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para Provea, esto demuestra la militarización en la respuesta estatal, no solo en materia de seguridad ciudadana sino también en la represión contra la disidencia.

Durante el 2019 aumentaron las violaciones al derecho a la libertad personal; la mayoría de las detenciones ilegales o arbitrarias fueron de carácter masivo y ocurrieron en el contexto de protestas. Los cuerpos de seguridad dependientes del Ejecutivo Nacional son los que practican la mayor parte de estas detenciones; dentro de estos el que tuvo un mayor protagonismo fue la FANB, especialmente la GNB.

Para el 2019 también se observó el incremento de las detenciones de trabajadores de los medios de comunicación, así como las violaciones de derechos humanos en retenes y calabozos policiales.

Si desea leer detalladamente y descargar el Capítulo Libertad Personal, de nuestro Informe Anual 2019, puede hacerlo en el siguiente ENLACE

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Junio 8, 2020

Murieron dos presos en el CPO del Táchira

                                 

En horas de la mañana de este viernes 13 de junio, falleció un recluso identificado como Andrés Uribe, de 70 años, quien padecía problemas de hipertensión arterial y enfermedad pulmonar crónica y se encontraba detenido en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO), ubicado en el municipio Córdoba del estado Táchira.

De acuerdo a lo informado al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la víctima se encontraba en la cárcel desde el 11 de septiembre de 2019, por delito de violencia contra la mujer.

Igualmente, se conoció que en el CPO, cárcel en la que actualmente se encuentran 1.150 presos, han denunciado a OVP  que existen situaciones graves y delicadas con los privados de libertad, puesto que no hay comida y unos 300 reclusos presentan cuadros de diarrea y fiebre. Asimismo, se conoció que la mayoría de los internos pesan menos de 50 kilos por lo que hay cuadros severos de desnutrición.

El cadáver de Andrés fue ingresado a la morgue del Hospital Central en la ciudad de San Cristóbal, donde los patólogos le realizarán la autopsia legal para determinar a ciencia cierta la causa del fallecimiento.

Ese mismo viernes en horas de la tarde en el CPO I se registró un segundo deceso y se trata de Néstor Aguilar, de 54 años de edad. Este preso había sido trasladado al Hospital, pero horas después falleció.

Sobre la causa de la muerte de Aguilar, en el centro asistencial indicaron que padecía de una desnutrición severa, situación que fue ratificada por sus familiares.

Vale recordar que a finales del 2019 los internos tomaron el control de este penal para protestar por la falta de alimentación y Otras penurias que padecen a diario.

Carolina Girón, directora del OVP, afirmó que es lamentable la situación que están enfrentando los privados de libertad en distintos centros penitenciarios del país, quienes además de tener suspendida la visita de sus familiares, no se les proporcionan comida ni atención médica oportuna.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones 

Foto: Archivo cortesía

Regresamos...

JUDITH VEGA

De nuevo con ustedes, queridos amigos

Luego de unos cuantos meses inactivos en este espacio, por distintas razones entre ellas: los continuos cortes del servicio eléctricos y la falta de internet.
Aunado a lo anterior, pues necesitamos estar activos en nuestra misión de vida: la defensa de los Derechos Humanos, actividad que aunque se hace de corazón, demanda de nuestro tiempo.

Pero, aquí estamos...en medio de esta pandemia que enfrentamos todos los seres humanos de este hermoso planeta.

Con mucha ilusión y ganas de continuar trabajando. Les invito y pongo a la orden este humilde medio de comunicación, para que envíen sus trabajos.

Elecciones a concejales con poca participación ciudadana

Centro educativo Escuela Básica Gabriel Picón González, ubicado entre la calle 25 y el Viaducto Campo Elías en la ciudad de Mérida, con pocos votantes

A un costado del Colegio San Pío X, en Ejido colocaron el punto Rojo donde escaneaban el Carnet de la Patria, con la esperanza que le entreguen un pernil, de acuerdo a promesas realizadas por personeros del PSUV

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL PERIODISTA LEONARDO LEÓN 

EN LA CIUDAD DE MÉRIDA

En el proceso electoral de este domingo para designar los nuevos integrantes de las distintas Cámaras Municipales, en Mérida la jornada se distinguió por la poca participación de los ciudadanos.

En Ejido, uno de los centros de votación donde se observó mayor movilización de personas fue en la Unidad Educativa Hipólito Elías González, en la urbanización Don Luis, quienes fueron llevados en las últimas horas del proceso electoral a bordo de autobuses pertenecientes a la empresa del Estado Tromerca.

Igualmente, el llamado punto rojo fue colocado a unos 40 metros del centro electoral.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL PERIODISTA BENJAMÍN (Nino) LÓPEZ, 

EN LA URBANIZACIÓN DON LUIS

Electores en las afueras del Colegio Pío X

Plaza frente al Colegio Pío X

Buses de Tromerca movilizando personas 

Punto Rojo colocado frente a la Unidad Educativa José Ricardo Guillén

Unidad Educativa José Ricardo Guillén

Al término de la jornada se conoció que en la Unidad Educativa Hipólito Elías González, dos máquinas se dañaron y no pudieron ser sustituidas. Se les dijo a las personas que traerían dos de la ciudad de Mérida hasta Ejido, pero posteriormente esta versión fue descartada porque no habían máquinas disponibles.

Unas 20 personas permanecían en cola, mientras que en el interior del centro educativo habían unas 30, quienes pedían se les permitiera votar de forma manual, recibiendo como respuesta "que no habían tarjetones electorales".

El alcalde del municipio Campo Elías, Simón Figueroa se presentó en el lugar tratando de solucionar la situación, sin embargo con el paso de las horas no había solución alguna, sin embargo hubo mayor presencia de funcionarios del Plan República.

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Mérida: al borde del abismo

JUDITH VEGA

Mérida ha sido llamada como la ciudad serrana, la de las nieves eternas, la de los caballeros, la turística de Venezuela, la más limpia y la ciudad estudiantil del país, pero estos calificativos han quedado en el recuerdo, porque Mérida agoniza lentamente y con ella sus habitantes.

Innumerables problemas se ciernen sobre la ciudad capital: falta de agua potable, inseguridad, basura regada por doquier, escasa comida, altos precios de los productos de primera necesidad, pocos visitantes, infinidad de negocios cerrados, escaso transporte público y extensas colas en las estaciones de gasolina, entre otros.

Pero hay un problema que resalta entre todos: el fantasma del cierre de la Universidad de Los Andes (ULA), se impone como la espada de Damocles, que pende sobre nuestras cabezas y que en cualquier momento puede caer sobre nosotros. Es un peligro latente que se vive, se siente, se respira y se transpira.

No existe un hogar merideño que no tenga entre sus miembros un universitario, porque como bien lo dijo Mariano Picón Salas, Mérida es una universidad con una ciudad por dentro. Y esa ciudad, depende, en casi todos los aspectos, del ir y venir de la casa de estudios superiores.

Hoy, los universitarios luchan por mejoras salariales, por respeto a las convenciones colectivas, por una mejor calidad de vida y por los servicios de salud. Y esto sucede porque desde el gobierno central han desconocido los beneficios contractuales, envían los recursos semanales para el pago de profesores, empleados administrativos y personal de apoyo, tanto activos como jubilados. Es decir, los universitarios semanalmente cobran como jornaleros, entiéndase trabajadores del campo.

Mientras tanto, las autoridades universitarias se encuentran de manos atadas por un presupuesto insuficiente que no permite el pago de servicios básicos como agua, fluido eléctrico, internet, papel bond, tinta para copiadoras e impresoras, carpetas y cualquier otro producto básico para el desarrollo de las actividades administrativas, de docencia y extensión. Esto sin detallar, los gastos que genera el parque automotor, cuyas unidades ya no recorren calles y avenidas con trabajadores y estudiantes.

La universidad muere poco a poco y con ella la ciudad.

La diáspora se ha llevado profesores, estudiantes y trabajadores. Poco queda de aquellas aulas repletas de la alegría juvenil, de las áreas verdes delicadamente cuidadas que refrescaban la vista y la mente, de las bibliotecas con textos actualizados, laboratorios donde la creatividad, curiosidad e ingenio hacía de las suyas y renacía la esperanza en cada descubrimiento.

El problema universitario se extiende hasta los centros asistenciales y especialmente al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), lugar en el que se desarrollan estudios de cuarto y quinto nivel en el área de salud, donde igualmente falta la comida, los insumos y el personal médico y de enfermería, pero también la ilusión de un nuevo amanecer para muchos pacientes.

¿Qué hacer?

Esa es la pregunta de todos los días y que va y viene en la mente de los merideños.

Una salida es irse a otro país, como lo han hecho muchos. Otra es esperar que las cosas cambien, aunque no hacemos nada para lograrlo y continuar aguantando, como reza el dicho popular: Hasta que el cuerpo aguante, pues hay temor a protestar debido a la cruenta represión de los organismos de seguridad, no solo en Mérida sino en todo el país.

Una luz al final del túnel

La Iglesia Católica, distintas ONGs y grupos sociales que se han conformado libremente, han sido los pilares fundamentales para llevar un mensaje de confianza a los merideños. Han dado a conocer la cara para una nueva Venezuela, han sembrado la semilla de la esperanza y la solidaridad y han abierto los brazos para decir: Tranquilos, de esta salimos.